“La intervención de una entidad colaboradora puede reducir los plazos de obtención de licencias en más de un 60%”

¿Qué aportaría al urbanismo la extensión de las declaraciones responsables y de las licencias básicas?

I.F.R.:
En estos momentos, la Declaración Responsable es el medio de intervención más utilizado en el ámbito urbanístico. Sin embargo, todavía hay ayuntamientos y comunidades autónomas a los que les cuesta entender que la Declaración Responsable no supone un menoscabo del cumplimiento de la normativa, sino un cambio en el momento en que se produce su verificación. La revisión técnica se realiza en una fase posterior del proceso de construcción, sin reducirse las garantías jurídicas ni técnicas.

Además, con la intervención de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas, el cumplimiento normativo está garantizado incluso antes de registrar la Declaración Responsable, aportando una capa adicional de rigor y seguridad jurídica.

Por su parte, la Licencia Básica es un instrumento que permite al promotor iniciar las obras una vez garantizada la viabilidad técnica de los parámetros urbanísticos esenciales. Este sistema facilita que los plazos de ejecución se reduzcan considerablemente, sin afectar a la calidad ni a la legalidad de las actuaciones. No obstante, su implantación generalizada dependerá en gran medida de que se reconozca su validez a efectos de financiación, un aspecto aún pendiente de clarificación normativa.

¿Cómo planean ampliar su número de delegaciones, según se vaya extendiendo este uso de declaraciones responsables?

I.F.R.:
Nuestro modelo de crecimiento se basa en la proximidad y la especialización. En estos momentos, la mayoría de las comunidades autónomas han aprobado, o están en proceso de ello, la normativa necesaria para la participación de las entidades colaboradoras en la tramitación de los medios de intervención para la ejecución de las obras o la implantación de actividades.

Nuestra visión es ser la entidad colaboradora de referencia a nivel nacional. Por ello estamos abriendo oficinas en todas estas comunidades, teniendo en cuenta que para ello debemos acreditarnos ante la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), lo que supone un decalaje de meses entre la aprobación de la normativa y el inicio de nuestra actividad al 100%.

¿Cómo se están adaptando sus controles a las mayores exigencias en materia de sostenibilidad y eficiencia energética?

I.F.R.:
La sostenibilidad y la eficiencia energética se están convirtiendo en uno de los pilares de las revisiones técnicas. Para garantizar su correcta aplicación, disponemos de un sistema de actualización legislativa permanente que nos permite estar al día de todas las novedades normativas, tanto nacionales como autonómicas y europeas.

A ello se suma un programa interno de formación continua que asegura que nuestros técnicos incorporen de inmediato los nuevos criterios y exigencias en materia de energías o impacto ambiental. De esta forma, nuestros controles se mantienen siempre alineados con la normativa vigente y con los objetivos de sostenibilidad, sin interrupciones ni desfases entre la evolución legislativa y la práctica técnica.

¿Cuánto son capaces de agilizar los trámites urbanísticos y cómo contribuyen a viabilizar las inversiones?

I.F.R.:
La intervención de una entidad colaboradora puede reducir los plazos de obtención de licencias en más de un 60%, según el tipo de expediente. Esto tiene un impacto directo en la viabilidad económica de las inversiones, ya que acorta los tiempos de inmovilización de capital.

Pero más allá del tiempo, una planificación técnica rigurosa desde la fase inicial permite anticipar incidencias, ajustar soluciones constructivas y reducir los costes globales de la obra.

Trabajamos en informar a nuestros clientes en todos los trámites necesarios de cada proyecto y los plazos que lleva cada uno de ellos, para que cada desarrollo avance con certezas, no con improvisaciones.

¿Cómo pueden contribuir a agilizar las obras de regeneración?

I.F.R.:
Las obras de regeneración urbana suelen enfrentarse a procedimientos largos y complejos, especialmente cuando intervienen bienes con algún nivel de protección.

Desde AB-EIC Control Reglamentario contribuimos a acortar los plazos de tramitación mediante una revisión técnica exhaustiva y coordinada que evita devoluciones y retrasos administrativos. Además, asumimos un papel activo en la defensa técnica de los proyectos ante las Comisiones de Patrimonio, aportando argumentación normativa y constructiva que facilita la toma de decisiones y garantiza la compatibilidad de las actuaciones con los criterios de protección.

De este modo, ayudamos a que los proyectos de regeneración avancen con seguridad y agilidad, conciliando la conservación del patrimonio con la necesaria actualización del entorno urbano.

¿Qué obstáculos hay que salvar para que las entidades de colaboración urbanística participen en el planeamiento urbano?

I.F.R.:
El principal obstáculo es conceptual y normativo. Las entidades colaboradoras nacimos para apoyar en la verificación de los medios de intervención y no en la planificación urbanística. Sin embargo, nuestra experiencia técnica puede aportar mucho en fases de diagnóstico, redacción y evaluación del planeamiento, especialmente en lo que respecta a la viabilidad de la normativa constructiva.

Superar esa barrera requiere una evolución del marco jurídico que reconozca a las entidades colaboradoras como agentes técnicos cualificados, manteniendo siempre la titularidad pública de las decisiones urbanísticas.

¿Qué papel debería tener la colaboración público-privada para agilizar estos trámites y posibilitar estos proyectos urbanísticos?

I.F.R.:
La colaboración público-privada es clave para modernizar la gestión urbanística. Las administraciones deben conservar el control y la potestad de decisión, pero pueden apoyarse en entidades colaboradoras y su conocimiento para garantizar la calidad, objetividad y rapidez en la verificación.

El reto está en construir modelos de confianza mutua, basados en la transparencia, la colaboración de los equipos y la trazabilidad de cada expediente. La experiencia demuestra que cuando se combinan el rigor técnico del sector privado y la función garantista de la administración, los resultados son más ágiles, más seguros y más sostenibles.